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                 PRESENTACION-2.jpg                              11 Mafalda       

        

4 abril 2013 4 04 /04 /abril /2013 14:13

 

 

 

Amnistía Internacional se dirige a las y los aspirantes a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en las elecciones a celebrarse el próximo 14 de abril, para hacerles llegar las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos e instarles a que se comprometan públicamente en sus programas de gobierno a dar la máxima prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos.

La promoción y protección de los derechos humanos de toda persona sin discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho y constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Es esencial que cualquier gobierno que esté interesado en mostrarse seriamente comprometido con la creación y consolidación de una sociedad más justa, tome medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En particular, la organización exhorta a las y los aspirantes a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a comprometerse a:

 

Enfrentar la crisis de la seguridad ciudadana, respetando los derechos humanos y tomar medidas urgentes para dar respuesta a la situación de armas de fuego y municiones

La seguridad ciudadana en la actualidad es uno de los desafíos más grandes para los gobiernos. Es urgente poner en práctica una política integral que incluya a todas las instituciones con responsabilidad al respecto, con el fin de atender esta problemática con plena observancia de las garantías y salvaguardas de los derechos humanos, específicamente el derecho a la vida y a la integridad personal.

Instituciones como las fuerzas policiales juegan un papel esencial en la seguridad pública y son determinantes en garantizar el derecho a la vida e integridad personal. Sin embargo, en caso de utilizarse de forma indebida, pueden conducir a graves violaciones de los derechos humanos. Para garantizar el buen funcionamiento de estas instituciones y para que sus agentes puedan cumplir el papel de proteger a la sociedad respetando los derechos humanos, es importante restaurar la confianza de la sociedad en el cuerpo policial, fomentando así que los ciudadanos estén dispuestos a presentar denuncias ante estas instituciones.

En este sentido, Amnistía Internacional considera que es imprescindible que cualquier denuncia de una presunta violación cometida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sea investigada y sancionada con todo rigor, demostrando así que nadie está por encima de la ley.

Venezuela tiene uno de los índices de asesinatos más elevados de la región debido, entre otros factores, a la proliferación y descontrol de las armas de fuego. En este sentido, se debe concretar la creación e institucionalización de una política de control de armas, municiones y explosivos, que haga posible el marcaje y mantenimiento de registros de la producción e importación de balas, así como un programa de atención a familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia.

Asimismo, es fundamental que se avance hacia la creación de un sistema de registro de datos de lesiones por armas de fuego, actualizado de manera obligatoria y continua. De esta forma se contará con datos precisos sobre la extensión del problema, con el fin de tener un diagnóstico claro y así responder al mismo con políticas efectivas. La información de dicho registro ha de ser pública, garantizando, de esta manera, la transparencia y el derecho a la información.

 

Cumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Amnistía Internacional lamenta la decisión de Venezuela de denunciar formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 6 de septiembre de 2012, iniciando así su retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La organización considera esta acción una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas que no tendrán la posibilidad de acceder a la instancia más alta de justicia del continente americano.

Los sistemas de protección a los derechos humanos a escala regional e internacional fueron creados para garantizar a su población instancias supranacionales a las cuales acudir cuando no ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas judiciales internos. Son tan esenciales para garantizar los derechos humanos, en especial para las personas en situaciones más vulnerables, que están consagrados como derecho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que todos tienen el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

Siendo Venezuela uno de los más recientes países en formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es imprescindible que los programas de gobierno de cada aspirante reflejen de manera concreta y sin restricciones los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por Venezuela; reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como con el Sistema de Naciones Unidas; y asegurarse de no tomar medidas que vulneren las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.

En términos concretos, el Estado venezolano debe demostrar que tiene un compromiso verdadero con los derechos humanos, retirando su denuncia a la Convención Americana de forma inmediata y extendiendo una invitación abierta a las Misiones de los Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.

Es importante además que se complete durante el próximo gobierno el proceso de firma y ratificación de una serie de tratados pendientes que garantizarían la protección y defensa de los derechos humanos, tales como: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención y el Protocolo Facultativo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas acciones permitirán que todas las personas puedan enviar peticiones individuales a los órganos de vigilancia de dichos tratados, haciendo así valer el derecho constitucional de todos y todas de solicitar el amparo internacional en defensa de sus derechos humanos.

Asimismo, es crucial que Venezuela ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el cual establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, instamos a las candidatas y los candidatos a que se ratifique sin más dilaciones la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y, de esta forma, reafirmen su compromiso inequívoco contra estas prácticas constitutivas de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

 

Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial para que todos y todas tengan acceso a la justicia sin discriminación

Todos los gobiernos tienen el derecho y el deber de procesar a los responsables de la comisión de crímenes. Sin embargo, cuando se somete a las personas a procedimientos injustos o se hace uso del sistema judicial para acallar a aquéllos que opinan de forma diferente o cuestionan políticas o acciones gubernamentales, no se hace justicia.

El uso indebido del sistema judicial puede llevar a graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo de esta problemática es el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, quien a más de dos años de su detención y a pesar de que aún no se han presentado pruebas fehacientes en su contra, todavía se encuentra bajo arresto domiciliario. Amnistía Internacional considera que su detención es arbitraria y que debe ser liberada inmediatamente.

Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a garantizar la separación de poderes y tomar medidas que contribuyan a que los órganos del Poder Judicial puedan funcionar de manera independiente, autónoma y transparente, garantizando así el acceso a la justicia para  todos y todas sin discriminación, absteniéndose de realizar cualquier acción que constituya una intromisión indebida en el poder judicial.

 

Declarar blica e inequívocamente el respeto por el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión

El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión permite que todos y todas puedan buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otra vía de su elección.

El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión afecta a una amplia gama de personas, como por ejemplo: periodistas que sacan a la luz violaciones de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras comunitarios que imparten educación sobre derechos sociales, mujeres que trabajan por la promoción de los derechos reproductivos, sindicalistas que defienden los derechos laborales, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero que denuncian la discriminación, ambientalistas que ponen de manifiesto la destrucción de la naturaleza, pueblos indígenas que buscan reparación por el impacto que los proyectos de desarrollo han tenido sobre sus derechos colectivos, entre otros. 

Dada la importancia de la libertad de expresión para toda la sociedad, es importante que todos y todas puedan difundir información e ideas sin temor a represalias directas o indirectas por sus ideas y opiniones. Pedimos a las candidatas y los candidatos comprometerse a que se respetará inequívocamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, garantizando que nadie sea procesado ni privado de libertad por su actitud crítica a las autoridades ni por participar en protestas pacíficas durante su gestión.

De la misma forma, es importante que todas las personas puedan organizar y participar en protestas pacíficas sin temer por su integridad física.  Con este fin, debe comprometerse tanto a asegurar que las fuerzas de seguridad intervengan para garantizar el derecho a la protesta pacífica, como a garantizar que las fuerzas del orden harán un uso proporcional y progresivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De producirse cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos durante cualquier protesta, estos hechos deben ser investigados y los perpetradores, procesados.

Es clave asimismo que todos y todas también puedan buscar y recibir información. La libertad de expresión y el libre acceso a la información contribuyen a empoderar a la población, creando una sociedad más participativa que pueda tomar parte en el debate público y a asegurarse de que las instituciones y otros actores rindan cuentas por sus acciones. En este sentido, dar carácter jurídico y reglamentar el acceso a la información y a la transparencia para promover  el escrutinio  de  instituciones  públicas  y servir  de herramienta contra la corrupción, debe ser prioridad.

Igualmente, tomar todas las medidas para garantizar y asegurar la efectividad del derecho de asociación libre, incluida la eliminación de obstáculos innecesarios a la fundación y funcionamiento de organizaciones civiles, constituidas de acuerdo con la Ley, así como garantizar su reconocimiento en las leyes y su participación ante instancias gubernamentales sin discriminación alguna.

 

Reiterar blicamente e inequívocamente el compromiso de garantizar que los defensores y las defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su legítima labor

Los defensores y las defensoras de derechos humanos con su trabajo contribuyen de forma esencial a hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales de todos y todas. Actúan desde distintas competencias para proteger y promover los derechos humanos, pero todos y todas defienden el principio de la universalidad, que establece que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, las defensoras y los defensores deben gozar de pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos, conforme establece la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998.

Dicha Declaración establece la responsabilidad de las autoridades del Estado de garantizar que todos y todas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o criminalización de su trabajo y hace hincapié en su derechos “a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos” (Artículo 6) y “a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Artículo 8).

Exhortamos a las candidatas y los candidatos a que incluyan en sus programas de gobierno las salvaguardas que hagan posible que los defensores y defensoras de los derechos humanos realicen sus labores sin temor a represalias. Es fundamental asegurar que las amenazas o actos de intimidación contra defensores y defensoras de derechos humanos no queden en la impunidad y sean investigados, que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados de acuerdo a la Ley, enviando así una señal clara de que estas violaciones no serán toleradas.

 

 Garantizar los derechos humanos de la población recluida en centros de detencn

 Por su condición, las personas privadas de libertad dependen de otras para satisfacer sus necesidades básicas, lo que las coloca en una situación vulnerable y las pone en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura o malos tratos, y   pueden permanecer recluidas en condiciones tan duras que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Es por esta razón que es obligación del Estado ejercer control sobre los centros penitenciarios y garantizar que en ellos se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Todo el mundo tiene el derecho a un juicio justo y un principio fundamental de este derecho es que se presuma la inocencia de toda persona acusada de un delito hasta que no se pruebe su culpabilidad. Además, toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En este sentido, Amnistía Internacional insta a las candidatas y los candidatos a tomar medidas que contribuyan a resolver con celeridad los procesos pendientes y garantizar que todos los centros de reclusión del país cumplan con estándares básicos en términos de infraestructura, personal y recursos necesarios para lograr el funcionamiento adecuado de un sistema penitenciario, de acuerdo a las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.

Además de las condiciones de detención, los enfrentamientos siguen siendo endémicos en las prisiones y es imprescindible que se tomen acciones concretas para prevenir, controlar y establecer responsabilidades en los brotes de violencia.   Amnistía Internacional exhorta a las candidatas y los candidatos a proponer medidas urgentes para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos y las violaciones de derechos humanos por las autoridades penitenciarias. Dicho plan debe incluir medidas para poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos por parte de los reclusos. Se debe además asegurar que se investigue y sancione a los responsables del ingreso de estas armas a las cárceles.

Implementar y aplicar efectivamente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantizando el acceso de las víctimas a la justicia

Las mujeres juegan un rol esencial en cualquier sociedad y es por tanto de suma importancia que los Estados prioricen la toma de medidas para asegurar que puedan disfrutar de todos los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación. En este sentido, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha sido un paso positivo. Sin embargo, su aplicación se ha paralizado.

Amnistía Internacional exhorta a las candidatas y los candidatos a comprometerse a promulgar a la mayor brevedad un reglamento específico destinado a aplicar íntegramente la Ley Orgánica para unificar los procedimientos de atención y manejo de los casos con el fin de permitir que las mujeres puedan denunciar actos de violencia ante las autoridades y, así, acceder a la justicia.

Asimismo, la organización insta a las y los aspirantes a la presidencia a proponer medidas para fortalecer los tribunales especializados en violencia contra la mujer y a construir casas de abrigo para mujeres víctima de violencia, dotándolas de recursos suficientes para responder a los casos que llegan, mientras se tramita el proceso judicial contra los presuntos responsables.

 

No. de índice AMR 53/004/2013  - Carta abierta a los candidatos y las candidatas a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela - 4 de abril de 2013

 

Descarga  aquí la Carta la Carta a los Candidatos y Candidatas a la Presidencia.pdf

Descarga alternativa http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/004/2013/es

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