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5 septiembre 2012 3 05 /09 /septiembre /2012 13:22

 

Rolando Azocar Jr.
razocar@correodelcaroni.com

 

A7Carcava

Los movimientos de construcción de Villa Orinokia son una posible causa de la activación de la cárcava. Foto Archivo

Cada acción tiene una consecuencia que, sin importar la investidura de la persona, se debe asumir. Es un principio básico. Clave para el progreso democrático de una urbe. Aun así, para el urbanista Simón Yegres, pocas veces se aplica en Ciudad Guayana.

Los casos son diversos, pero el más representativo se desarrolla ante los ojos de toda una ciudad que se ve afectada directamente ante las acciones de representantes gubernamentales que, asegura el ex concejal y ex presidente de la Comisión de Tierra y Urbanismo del Concejo Municipal, no han ido en consonancia con el bienestar de la región.

“Indignante e irresponsable”, no hay más calificativos pertinentes para describir lo que pasa en la UD-245, parcelas en las que se encuentra el urbanismo en desarrollo Villa Orinokia, asegura Yegres.

Según el urbanista, los movimientos de construcción conformados en el área han generado graves daños ambientales. Entre las consecuencias de estos, resalta, se evidencia la reciente activación de la cárcava adyacente.

Y, sin bien es cierto que los colectivos que se han concentrado en los terrenos son responsables directos, para Yegres, quien también se desenvolvió como director del antiguo Instituto de la Vivienda y Hábitat (Invihabitat) Caroní, los responsables indirectos y, quizás, principales culpables, son las representantes de los entes regionales.

Denuncia ciudadana 
“De funcionar las leyes venezolanas, serán penalizados las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Dirección Estadal de Ambiente y la Alcaldía de Caroní, por el daño ambiental que le han ocasionado a la UD-245”, asevera Simón Yegres, sosteniendo en sus manos una carpeta amarilla con el cúmulo de documentos que respaldan sus acusaciones.

También, en la pieza rectangular, Yegres guarda una copia de la denuncia que presentó el pasado 29 de agosto ante la Fiscalía General de la República, en Caracas, para exigir una investigación sobre el caso.

El documento fue recibido por la fiscala general Luisa Ortega Díaz. “Solicitamos una investigación civil, administrativa y penal para Aidé Valenzuela, que es la vicepresidenta de la CVG, para Mily Hernández, directora regional de Ambiente, para el alcalde José Ramón López y para el cuerpo de concejales que integran la Cámara Municipal de Caroní, porque actuaron, en relación a este caso, de acuerdo a la Constitución Nacional, a la Ley Orgánica del Ambiente, a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y a la Ley de Estatutos de la Función Pública, actuaron con terrible negligencia”.

A7Yegres

Como “indignante e irresponsable” calificó Yegres la situación que se torna alrededor de la UD-245. Foto Diego Meinhard

Pruebas en mano
Simón Yegres explicó que la situación que se ha conformado alrededor de la UD-245 es mucho más compleja que lo que aparenta. Las diversas decisiones y declaraciones contradictorias de los entes gubernamentales dan paso a una situación de anarquía y estimula la confusión entre los ciudadanos.

En el caso de la CVG, resalta los diversos acuerdos suscritos por la institución con los colectivos sociales. En las primeras comunicaciones, los representantes de la corporación solicitan a la Alcaldía considerar la rezonificación del área. “A sabiendas de que era zona protectora, les pidieron que le cambiaran la zonificación para resolverle el problema habitacional a esas familias. Después dijo que no lo había hecho. Las dos cosas, por escrito, las consignamos”.

Estas mismas autoridades, agrega, también firmaron actas de acuerdos en las que aseguran que de aprobarse un nuevo uso para los terrenos, ellos venderían los mismos.

Por parte del Ministerio del Ambiente, Yegres denunció la negligencia que representa haber utilizado un estudio de suelo presentado por los interesados en cambiar la zonificación, para concluir la factibilidad de residencia en las parcelas.

“Estos documentos, también los hemos consignados junto con la comunicación que sacaron tiempo después de que no se puede construir allí (…) Es decir, también actuando contradictoriamente”, explica.

La situación del alcalde de Caroní, José Ramón López y los ediles, es similar. Ambos se presentaron en los espacios y ratificaron el apoyo a los colectivos comunales para que construyeran en el área. Certificaron una nueva zonificación y presentaron ante todos los medios de comunicación su posición ante los terrenos.

Ahora que la estancia en los terrenos es rechazada por todas las autoridades, la pregunta es simple: “¿Por qué las autoridades no frenan eso de forma definitiva?, porque saben que ellos, con su actuación no adecuada como funcionarios públicos, han contribuido a la anarquía y a la confusión”.

Por esta razón, asegura Yegres, está en los ciudadanos rescatar el bienestar de la ciudad. Esa fue la principal motivación para presentar la denuncia el pasado 29 de agosto. Si se cumplirá o no la ley, no lo sabe. De lo que sí está seguro es que es un primer paso para crear conciencia en la urbe. “Con esta actuación en solitario, quiero dar un mensaje a la ciudadanía en general, de que tenemos que defender esta ciudad. Tenemos que sacudirnos un poquito el miedo y la desesperanza y animarnos a defender esta ciudad”. Violando las leyes

Para el ex concejal y ex presidente de la Comisión de Tierra y Urbanismo del Concejo Municipal, Simón Yegres, las responsabilidades legales para los representantes gubernamentales son amplias. Solamente en el cambio de zonificación de las 128, 5 hectáreas se violaron diversas leyes.

“Los concejales han incumplido tres cosas que marca nítidamente la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística: uno, que no puede hacerse un cambio de zonificación aislado o singular. Es decir, que no puedes cambiar la zonificación solamente de una parcela, de una UD. Tiene que ser un estudio integral. Dos, no se puede hacer un cambio de zonificación, según el artículo 46, antes de cumplirse 10 años de la última zonificación que aquí fue en el 2008 (…) y la tercera cosa que violaron es que la ley determina que entre primera discusión y segunda discusión, tiene que haber la consulta a los vecinos del sector afectados por eso. Y los vecinos que deberían haber participado son todos los de la parroquia Universidad”.

 

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