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8 agosto 2013 4 08 /08 /agosto /2013 12:56

 

El opositor Henrique Capriles acudirá a instancias internacionales para impugnar los resultados

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela , Gladys Gutiérrez. / EFE

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha desestimado diez contenciosos introducidos por la oposición para impugnar las elecciones presidenciales del 14 de abril en las que resultó electo el candidato oficialista Nicolás Maduro.

La Sala Constitucional ha esperado cuatro meses para dar esta respuesta conjunta a todos los documentos. El fallo cierra la vía jurídica para buscar una solución a la crisis de legitimidad planteada después de la estrecha victoria obtenida por el delfín del fallecido Hugo Chávez. Al dar lectura a la ponencia, la presidenta Gladys Gutiérrez ha dejado entrever en líneas generales que no se han presentado pruebas suficientes que sustenten los reclamos. “No se explicaron debidamente los hechos en los cuales se registraron las irregularidades”, dijo.

La oposición ya temía una decisión como la anunciada. Este martes, durante el programa que transmite a través de Internet, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dijo que en vista del retraso del Supremo acudiría a instancias internacionales con su reclamo. Aún no ha precisado la fecha, pero anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Parlamento Latinoamericano y la Unión de Naciones Sudamericanas. Capriles agregó que el reclamo jurídico no debía paralizar “la lucha nacional” dentro del marco de la Constitución venezolana.

Es casi imposible que el chavismo ponga reversa a una decisión interna en caso de que prospere un posible reclamo de Capriles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el pasado el gobierno de Hugo Chávez ignoró hasta nueve decisiones en contra del Estado con dos argumentos: los dictámenes de esa instancia no son de obligatorio cumplimiento y constituyen una intromisión en asuntos internos, a pesar de que la Constitución establece que los acuerdos internacionales suscritos por la República tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.

En 2011 el opositor Leopoldo López, que entonces aspiraba a hacerse de la nominación unitaria para enfrentar al presidente Hugo Chávez en las presidenciales de 2012, impugnó ante la Corte una decisión del fuero interno que lo inhabilitaba para desempeñar cargos públicos. El fallo favorable del sistema interamericano no fue acatado por el Estado. El gobierno también hizo caso omiso cuando el 18 de diciembre de 2008 el Supremo declaró inejecutable el fallo que el 5 de agosto de ese año había dictado la CIDH que ordenaba reintegrar en sus funciones a tres jueces que habían sido fueron destituidos de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo.

Son apenas dos ejemplos que permiten vaticinar cuál podría ser la conducta del Gobierno. A Maduro poco parece importarle quedar al margen del sistema interamericano. Hace un año, en ocasión de otro fallo de la CIDH contrario al Estado, el presidente Chávez anunció el retiro de Venezuela de esa instancia. A partir del 10 de septiembre próximo se completará el proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual recibe en primera instancia todas las denuncias y peticiones contra Venezuela, no podrá remitir los casos a la Corte Interamericana de hechos que ocurran después de esa fecha.

Los abogados del gobernador del estado de Miranda pretendían que se repitieran los comicios debido a las supuestas irregularidades que encontraron en el 55.4 por ciento de los 15 millones de votos emitidos en abril, mientras que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuestiona 2.32 millones de votos y solicita que se vuelva a celebrar parcialmente la elección. Los expertos consideraban que el problema no está en el sistema de votación automatizado que posee Venezuela, sino en los cuadernos de la votación. Argumentaban que si se cotejaban esos cuadernos contra el comprobante del voto depositado en las urnas podría demostrarse que al abanderado opositor le arrebataron el triunfo. A Capriles le llama la atención que Maduro haya sacado más votos que Chávez en más de 1.000 mesas debido a la menor cantidad de votos obtenida por el gobierno el 14 de abril.

La acción legal intentada por la oposición estaba destinada al fracaso por razones distintas a las esgrimidas por el máximo tribunal venezolano. La imparcialidad de sus 32 magistrados estaba en entredicho por las evidentes muestras de simpatía que han dado hacia la llamada Revolución Bolivariana. En 2006, en ocasión de la inauguración del año judicial, los magistrados lanzaron vivas a Chávez tras una reflexión de su entonces presidente Omar Mora. La ex presidenta del Supremo, Luisa Estela Morales, lució el brazalete chavista en los funerales de Estado. Y desde 2007 nunca han tomado una decisión contraria al gobierno.

A pesar de todos esos antecedentes la MUD anunció que continuaría su reclamo fuera del país. “Fue la crónica de una inadmisión anunciada”, afirmó el directivo Ramón José Medina. Otros dirigentes denunciaron que tras la decisión del Supremo ha arreciado la persecución política haciéndose eco de dos hechos: el allanamiento de la vivienda de Oscar López, director del despacho de la gobernación del estado de Miranda, en aparente conexión con un caso de corrupción aún no precisado por las autoridades, y una multa de 10.700 bolívares (unos 1.700 dólares) impuesta por la Sala Constitucional a Capriles por utilizar “términos irrespetuosos” en el contencioso que impugna los resultados de las elecciones del 14 de abril. Al conocer la decisión, el ex candidato dijo en su cuenta de Twitter: “Lo verdaderamente inadmisible era la falta de justicia”. Y agregó en otro mensaje: “Nos multan por decir y defender la verdad, honor que nos hacen! Hemos desenmascarado esas instituciones y el pueblo hará que cambien”.

El anuncio del Supremo llega en medio de la reconfiguración de la estrategia para enfrentar al gobierno de Maduro. La coalición opositora ha decidido concentrarse en los comicios municipales del 8 de diciembre y la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva Constitución, anuncio hecho por Capriles hace pocos días. La oposición busca de esta forma volver a entusiasmar a un electorado que parece acostumbrarse a que la presencia del delfín de Chávez en el poder no será breve.

Elpais.com

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