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20 octubre 2011 4 20 /10 /octubre /2011 14:21

 

María Alejandra Ceballo

El Callao.- Ayer los comerciantes locales decidieron hacer una muestra de lo que tanto temen. Se trata del cese de la actividad empresarial en el municipio El Callao si el decreto 8.413 -el cual regula la exploración, explotación y comercialización del oro- entra en vigencia el 15 de diciembre, lo que dejaría sin sustento a los pequeños mineros de la zona, a los compradores de oro, a los joyeros y demás gremios involucrados.

Así lo expresó Alexander Simons, presidente de la Cámara de Comercio, quien en sintonía con gran parte de los dueños de negocios decidieron sumarse al paro cívico que se realizó el día de ayer, bajo la premisa “un día de cierre significa ganancias para toda la vida”.

Paralelamente a la calma que reinaba en gran parte de la población, en la plaza Bolívar el ambiente contrastaba, debido al dinamismo del cabildo abierto que allí se desarrolló, en el cual estuvieron presenten centenares de mineros artesanales de los municipios Roscio, Sifontes, El Callao y Gran Sabana; además de los diferentes actores políticos que lideraron los discursos.

El primero en pronunciarse fue Pedro José Díaz, de la Unidad Minera del Sur, quien reiteró la indignación que sienten sus representados por el decreto que fue publicado en la gaceta número 39.759. “Lo primero que reclamamos es nuestro derecho al trabajo, el cual además de estar fundamentado en nuestra Carta Magna, también forma parte de los derechos humanos. Luego, vemos como el derecho al progreso es otro punto indiscutible y el cual el Gobierno está obstruyendo con la redacción de esta ley”.

Luego, Américo De Grazia –diputado-, propuso cuatro puntos a considerar. El primero, es seguir en pie de lucha hasta obtener el objetivo planteado, que es reformular la Ley del Oro; el segundo, es nombrar una comisión que lo acompañará hasta la Asamblea Nacional para intentar revocar el citado decreto o, al menos, obtener su suspensión y posterior enmienda; el tercero, se trata de recaudar la mayor cantidad de firmas para darle respaldo y peso a la protesta pacífica y, el cuarto, es ir elaborando desde el seno regional una propuesta de ley que proteja la pequeña minería en armonía con el ambiente y que respete la cultura y las necesidades del pueblo.

Posteriormente, Nancy Ruiz –miembro de la Asociación de Molineros-, manifestó que el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, está incumpliendo con su promesa de que los protegería. “Nos metió a todos por igual en este asunto de la nacionalización. Una cosa es la realidad de las transnacionales, otra la del pequeño minero y otra la del molinero. Nosotros no somos ilegales porque pagamos impuestos y si el problema es ambiental, entonces estamos dispuestos a aprender los métodos ecológicos que sean necesarios para continuar con nuestra labor de una manera menos perjudicial”.

En relación a este punto, todos los presentes coincidieron en que deben existir normativas distintas para los diferentes métodos de explotación aurífera. “No es lo mismo sentarse en una mesa a dialogar con gerentes que con mineros, ya que estos últimos están dispersos por todas partes y cada uno vive condiciones particulares”, esgrimió Ruiz. Al respecto, el diputado De Gracia alegó que “así como hay tierras para los extranjeros debe haber para los venezolanos. No tenemos nada en contra de las transnacionales; pero, sabemos que si los rusos se van el Gobierno les pagará, mientras que, no tenemos idea de quien empleará a todos los que se queden aquí ni cuándo les pagarán”.

Otro asuntó debatido está relacionado con la defensa de los bienes privados. “El artículo 16 habla sobre la valoración de los bienes y señala que el Gobierno pagará al propietario de los equipos el valor estipulado en los libros, lo cual es una burla porque muchas cosas son de fabricación artesanal y no poseen factura o, simplemente, ahorita tienen un costo mayor”, recordó De Gracia.

Por otro lado, Díaz comunicó que es injusto que de un día para otro el Estado se quede con un 55% de aquello que tanto esfuerzo y sacrificio costó levantar. “El molinero, en algún momento, fue minero de las profundidades y surgió poco a poco. Lo mismo el joyero, quien comenzó de cero y ahora tiene su pequeño local. Entonces, cómo es posible que ahora digan que menos del 45% es nuestro, porque a ese porcentaje hay que quitarle los impuestos que nos cobrarán”.

En representación de los mineros, José Vera –trabajador de la Mina 26 de El Callao- confesó su temor de quedar “en el aire si se aplica la ley. Yo, desde hace 11 años, me defiendo en los yacimientos de oro y con eso voy resolviendo a mi familia. Queremos que un vocero del Gobierno venga y nos diga cómo quedaremos. Por ahora, nos preocupa lo que leemos en ese decreto, ya que amenaza con encarcelarnos o ponernos multas millonarias, como si nosotros tuviéramos dinero para pagarlas”.

Finalmente, hubo dos enunciados que llamaron la atención de los presentes. El primero, está relacionado con la obligación de venderle y entregarle el oro al Gobierno Nacional y, el segundo, tiene que ver con la delincuencia que se desatará si no se corrige el manuscrito.

“Además de comercializar el oro únicamente con el Estado, debemos entregarlo. Eso significa, que si alguien es descubierto con un oro que no haya sido obtenido por la vía estipulada, en vez de intentar regularizar la situación y apoyar a esa persona necesitada, le quitarán el preciado mineral sin darle nada a cambio”, concluyó De Gracia.

Politización

Entre las personas que merodeaban por la Plaza, se comentaba que la oposición aprovechará el asunto del oro para desprestigiar al Presidente de la República, por lo que sugirieron que se evite la politización de la protesta, ya que eso puede perjudicar a los pequeños mineros.

Opiniones

Nancy Ruiz: “Debe existir una ley para cada forma de explotación aurífera”.

Alexander Simons: “Todo se paralizará en diciembre si no anula esa ley”.

José Vera: “Tememos quedarnos en el aire y nadie del Gobierno dice nada”.

 

Nuevaprensa.com.ve

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