Realidad Sindical en Venezuela.

 Alto a la persecución judicial y a la represión!
 

Comité de Redacción

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El gobierno de Chávez, que ascendió sobre las ruinas del puntofijismo, al calor de la gran crisis que le abrió al mismo la rebelión popular del 27-F, ciertamente guarda una gran diferencia con los gobiernos adecos y copeyanos en cuanto a su relación con el movimiento de masas: el puntofijismo gobernaba apoyándose en el respaldo del imperialismo, de la gran burguesía nacional y con métodos brutales de represión –masiva o selectiva, según fuera el caso– contra el pueblo; Chávez por el contrario no es considerado por el imperialismo ni el grueso de la burguesía nacional como su hombre en el gobierno, y este se ha basado todo estos años en el apoyo electoral masivo y la movilización controlada del movimiento de masas.

Por eso Chávez denuncia y fustiga con mucha facilidad la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y el pueblo en los gobiernos de la «IV República».

Sin embargo, la cuestión estriba en que por la gran polarización nacional de los años anteriores y el inmenso control del movimiento de masas por parte del presidente, mientras privó el enfrentamiento a los ataques de la reacción proimperialista, en los límites que el gobierno definía, este gobierno no tuvo ocasión de mostrar su cara represiva hacia las luchas obreras y populares. Hace algún tiempo, eso comenzó a cambiar, pues también comenzó a cambiar el consentimiento del que venía gozando Chávez entre los trabajadores y el pueblo pobre, y hoy se expresa más cotidiana y contundentemente: en este gobierno, como en todo gobierno que sostenga el capitalismo, la «justicia» tiene un carácter de clase burgués, criminaliza y reprime la protesta de las clases explotadas.

Represión, persecuciones judiciales antisindicales…

Durante el año pasado, pudimos ver cómo el gobierno nacional se enseñaba en la represión de los trabajadores de la Sanitarios Maracay bajo control obrero, cuando venían a una marcha a Caracas, vimos también la fuerte represión a los trabajadores petroleros en Anzoátegui que luchaban por su convenio, causando varios heridos de bala. A los trabajadores de la construcción también se los reprimió en varias ocasiones.

La Guardia Nacional, las policías estadales y municipales son los instrumentos predilectos. Este año, la lucha de los sidoristas debió enfrentar la durísima represión de la GN y la policía de Bolívar, con decenas de heridos y centenares de detenidos, como último recurso del gobierno contra la gran lucha de los compañeros, que finalmente triunfó. Hace pocas semanas, fueron duramente reprimidos por la GN los de Bauxilum. En Portuguesa, los trabajadores de un aserradero luchaban por sus derechos laborales, el patrón optó por cerrar la empresa, solo quedaron en ella los trabajadores ocupándola, pero entre tribunales, Defensoría del Pueblo, GN y policía regional se encargaron de desalojarlos para que el tipo la reabriera con nuevos trabajadores.

Pero además de todas estas represiones para garantizar el «derecho a la propiedad» de los explotadores contra el derecho al salario y al trabajo de los obreros, para garantizar el «libre tránsito» mientras los capitalistas gozan tranquilamente «sus» ganancias, el «sistema de justicia» se encarga también de «persuadir» por otros medios: puede ir a juicio y estar bajo amenaza de parar en la cárcel. Ese es el caso de los compañeros de Sanitarios Maracay, que están aún bajo regímenes varios ante los tribunales, mientras el empresarios, que cerró dejando en la calle a centenares de padres y madres de familia, goza de lo lindo la vida. La «justicia» no pasó por su casa. Fue el caso también de algunos trabajadores de Sidor, a quienes se les imputó en los tribunales por la protesta en que fueron reprimidos. Es el caso de muchos otros de otras empresas en el estado Bolívar.

En el caso de los trabajadores de la salud, varios dirigentes gremiales de la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, están enjuiciados por «rebelar información» a los medios sobre asuntos en el caso de los recién nacidos fallecidos en una noche. Pueden ir a la cárcel por ese juicio. Esa medida judicial también puede usarse para impedir la discusión pública y libre de su situación y la de los centros asistenciales en una asamblea de trabajadores, por ejemplo.

…y aval al gangsterismo

En el hospital “Francisco Antonio Rízquez” de Caracas, dirigentes sindicales de los enfermeros y médicos en lucha por sus reivindicaciones denuncian que han sido amedrentados incluso con motorizados llegando al sitio de trabajo a preguntar por sus nombres y sus direcciones de habitación. No debemos olvidar que hace un año, en agosto del año pasado, decenas de matones entraban pistola en mano a la sede del ministerio del Trabajo a desalojar a varios dirigentes sindicales del sector público, ante la complicidad de la GN y la PM. Como «tupamaros» y de la «esquina caliente» se identificaron varios de los agresores.

Hoy las prácticas gangsteriles dan un salto en la empresa Fundimeca, donde una dirigente sindical fue baleada el pasado 30 de junio por varios motorizados pagados por el patrón. Por si fuera poco, la compañera, junto a otras trabajadoras y dirigentes sindicales, tienen encima un proceso judicial penal, por petición del dueño de la empresa, a quien la «justicia» no le ha tocado ni un solo pelo.

El caso de FUNDIMECA

El conflicto en esta fábrica de ventiladores de Valencia concentra brutalmente el verdadero rostro de la «alianza estratégica» que el gobierno busca con los empresarios. En esta empresa donde el 80% son mujeres, mediante una lucha decidida las trabajadoras arrancaron al patrón un contrato superior al pactado por el sindicato; en medio de la discusión del mismo la empresa largó 49 calificaciones de despido y usó motorizados para golpear a las trabajadores en lucha; en junio sale de la orden de reenganche para nueve trabajadoras, el patrón no acata y mientras éstas están en los portones luchando por su ingreso, motorizados llegan y buscando entre la gente balean en la pierna a una de las principales dirigentes; ese mismo día deciden entonces ocupar la empresa, pero el patrón, al tiempo que mandaba los sicarios, también había introducido al mismo tiempo un recurso de amparo, el cual le es otorgado a los cinco días; la GN y la policía regional acuden a hacer efectivo el desalojo. Varias trabajadoras y dirigentes sindicales regionales y nacionales que estaban en la lucha, fueron detenidos y llevados como presos comunes al penal de Tocuyito, presentados luego a un tribunal y actualmente están «libres» bajo distintos regímenes: presentación cada tantos días ante el tribunal, prohibición de salir del estado sin autorización de un juez, prohibición de acercamiento a 200 metros de la fábrica, etc. La compañera baleada –que aún no sabe si perderá la pierna– está entre las enjuiciadas, así como también el dirigente de la UNT, Stalin Pérez Borges.


Artículo tomado de la Página de Liga de Trabajadores Por El Socialismo.