Expropiaciones se han convertido en confiscaciones

escrito por Cecilia Menghini/DLA Trujillo   

viernes, 29 de octubre de 2010

Para la doctora Youbeth Rosas, su opinión con respecto a las expropiaciones realizadas por el Gobierno Nacional, compartida con los demás dirigentes trujillanos de Un Nuevo Tiempo más que eso, se han convertido en confiscaciones "porque no se cumple la ley y no hay una sentencia firme de un tribunal para ejecutarlas, ni se establece el pago justo"

En rueda de prensa dirigentes trujillanos del partido político Un Nuevo Tiempo, dieron a conocer su posición con respecto a la medida de expropiación tomada recientemente por el presidente Chávez en contra de la empresa Owens - Illinois que tiene plantas en las ciudades de Valencia y Valera.

Por la tolda azul estuvo presente el alcalde de San Rafael de Carvajal Marcos Montilla, la primera dama de ese municipio Moreira Negrón, la doctora Youbeth Rosas quien explicó la trascendencia de la medida en el aspecto empresarial, el doctor Nerio Cruz González quien tocó el aspecto jurídico, entre otros.

Inició la doctora Rosas diciendo que "muchas expropiaciones se han convertido en confiscaciones porque no se cumple la Ley y no hay una sentencia firme de un tribunal para ejecutarlas, ni se establece el pago justo del bien afectado".

Durante más de 50 años, esta empresa viene cumpliendo con todas las leyes y reglamentos vigentes en el país, según lo ha manifestado públicamente la empresa afectada. O-I ha sido el proveedor de envases de vidrio para alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.

Cuántas van

Según un estudio divulgado en mayo pasado, señaló Rosas, el Gobierno ejecutó entre 2005 y 2009 un total de 762 expropiaciones tanto de terrenos como de empresas, en su mayoría por vía de hecho, con la presencia activa o pasiva de la Fuerza Armada, en una actuación estatal violenta, sin base jurídica e injustificada.

El Gobierno ha expropiado durante 2010 un total de 174 empresas y comercios, en su mayoría vinculadas al sector energético, según cifras de  Conindustria.

Los procedimientos, expresó Rosas, han afectado a capitales extranjeros, como las cadenas Éxito y Cada, con mayoría accionaria del grupo francés Casino, y medianos pequeños empresarios nacionales, regionales y locales.

Y un ejemplo es, que a más de un año de la expropiación de unas 70 empresas nacionales conexas al área petrolera en el Lago de Maracaibo, aún sus propietarios no han sido indemnizados.

Caso Owens

Con la nueva expropiación de la Owens Illinois, anunciada por el presidente Chávez, se pone nuevamente en evidencia la intención del Ejecutivo de convertirse en un Estado-Empresario, mencionó Rosas.

Es por eso que el partido UNT Trujillo rechaza estas expropiaciones, por inconstitucionales bajo los términos que sean, ya que se trata de una política de expropiaciones en contra de la sociedad venezolana, siguiendo el Gobierno una política de agresión.

Además de que contribuye con la destrucción del aparato productivo y el Gobierno no ha tenido la voluntad política para acometer una serie de acuerdos con el sector privado, siendo delicado el futuro y la situación en el país.

Aspecto legal

Según el doctor Nerio Cruz González "el Gobierno Nacional se apodera de empresas consolidadas, generadoras de estabilidad laboral y pagadora de buenos sueldos, con la infeliz justificación de que incurren en monopolio, especulación, violación de los derechos de los trabajadores y degradación del medio ambiente".

Por eso, en UNT Trujillo, sentimos preocupación porque el verdadero trasfondo no es otro que implementar en Venezuela el llamado "Socialismo (castrista) del Siglo XXI", como modelo económico, que no está consagrado en la Constitución.

En Venezuela no ha habido expropiaciones, al menos ajustadas al ordenamiento jurídico regulado en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, sino una vulgar expoliación, explicó Cruz González.

Esto, porque la precitada Ley exige, antes de la declaración de expropiación que corresponde al Presidente de la República, el que el órgano legislativo, es decir la Asamblea Nacional, dicte una declaración de Utilidad Pública (art. 13 de la Ley), la razón de que el Gobierno omita tal fase, no es otra, a nuestro entender, que el evitar el debate en el parlamento.

Ante esta situación, alertamos a los venezolanos sobre el futuro incierto de los trabajadores de estas empresas expoliadas, quienes venían disfrutando de extraordinarios beneficios socio-laborales y que al pasar al control el Estado, se verían afectados con esta medida.

Ideologías

"Este régimen no cree en la iniciativa privada, no cree en la libre empresa generadora de empleo estable, creadora de productos en grandes cantidades y con mínimos costos que puedan ofertarse a los venezolanos en justo precio, esto es lo que debería fomentar el Gobierno y sancionar a aquellas empresas que se resistan a ello", finalizó Cruz González.

Diario de los Andes